 Hay que implementar una correcta política de regulación y un control sumamente rígido en defensa de los intereses de la Nación en general y de los consumidores en particular.
Es de gran actualidad la discusión que existe en nuestro país sobre la manera en que la extrema concentración de la riqueza lleva consigo la creación de monopolios.
El hilo conductor comenzó especialmente, en la década de los 90, con la privatización de las empresas públicas, seguida con la venta a capitales extranjeros de empresas nacionales.
Esto trae como consecuencia la necesidad de implementar una correcta política de regulación y un control sumamente rígido en defensa de los intereses de la Nación en general y de los consumidores en particular, en un ambiente de la mayor competencia posible, pues ésta es un ingrediente esencial de toda economía exitosa.
Podemos afirmar que se obtendrán mayores beneficios creando una economía competitiva. Sin competencia, los monopolios privados, no regulados o insuficientemente regulados, pueden ser perjudiciales para los consumidores, como así también, ellos mismos pueden sufrir diversas formas de ineficiencia y no ser altamente innovadores. La competencia es central para una economía como la que se pretende construir.
Expresa Joseph E. Stiglitz (ex Vicepresidente del Banco Mundial): “Las perspectivas reguladoras tradicionales, con sus rígidas categorías de regulación versus desregulación y competencia versus monopolio, no han sido guías útiles para la política en estas áreas.
Las nuevas tecnologías no abogan por una desregulación total, porque no todas las partes de una industria son igualmente susceptibles de competencias.
En realidad, abogan por cambios apropiados en la estructura regulatoria para poder enfrentar los nuevos desafíos. Tales cambios deberán reconocer la existencia de áreas híbridas de la economía; algunas de ellas se prestan a la competencia mientras que otras resultan más vulnerables a su dominación por unos pocos productores.
Permitir a una empresa con poder de mercado en una parte de la industria regulada ganar una posición de completa dominación sobre las otras partes de esa industria, comprometerá seriamente la eficiencia económica”.
Es decir, si falta competencia seguramente conseguiremos precios más altos de los productos y servicios que deberán soportar los consumidores.
Entonces, debemos prever que el rol que le cabe al Estado requiere de algo más que el traspaso de funciones al sector privado.
Por el contrario, le cabe la responsabilidad de controlar que los servicios que confía a las manos de empresas privadas sean de la calidad, cantidad y precios acordes a las necesidades de la población y que además sean equiparables a los estándares internacionales.
En el caso de concesión de servicios públicos, deben tenerse en cuenta algunas cuestiones básicas.
· ¿El servicio tiene características de monopolio natural en todas sus etapas de producción?
· ¿Es susceptible de regulación? ¿Cuáles son los objetivos básicos de la regulación y como se traducen en términos operativos?
· ¿Qué características debe tener esa regulación para ser efectiva? ¿Qué experiencias se deben tener en cuenta para el diseño de los órganos de control y regulación?
También debiera preverse en el marco regulatorio un específico y detallado plan de inversiones, a los fines de que al finalizar el período de concesión los activos no sean devueltos al Estado absolutamente obsoletos tecnológicamente.
Un primer desafío de la regulación es el generar un esquema objetivo que no sea el producto de las presiones de grupos organizados y que por el contrario tenga como premisa el bienestar de la comunidad toda.
Un buen diseño legal requiere de un cuerpo simple, que pueda ser claramente comprendido, que no esté permanentemente sujeto a modificaciones y debe ser consistente con principios generalmente aceptados. Una legislación simple, pero no por ello superficial, suele ser más efectiva para lograr las metas relevantes que se plantean.
Lo mismo debe aplicarse a la confección del pliego del llamado a licitación y del contrato, que serán los que completen de manera efectiva, el marco regulatorio.
Además, pliegos incompletos, dejan nichos por los cuales se filtran manejos discrecionales, interpretaciones desviadas o derivadas, por parte del adjudicatario y de situaciones no contempladas específicamente en el mismo.
El grado de autonomía es esencial al momento de diseñar un organismo regulador. El eje pasa por analizar en forma explícita la relación principal-agente que tiene lugar entre un organismo regulador, una empresa regulada y el propio poder político.
El grado de autonomía del poder político, como así también, de empresas proveedoras de materiales y servicios y de cualquier entidad que pueda actuar y/o regular el ejercicio de los profesionales que integran el órgano regulador, es fundamental, para cumplir sin presiones con la finalidad para la cual fue creado.
Es vital tener en cuenta la asimetría de la información que existe entre el órgano regulador y las empresas reguladas (esto es, que el primero tenga menos información que las últimas).
Estas asimetrías pueden deberse a la existencia de información privada que poseen y/o controlan las firmas reguladas (y no posee el regulador, o no es verificable por su parte), respecto a alguna variable exógena, como es la tecnología, o el esfuerzo por reducir costos. Este fenómeno dificulta también el aprendizaje del regulador y puede reducir la probabilidad de encontrar personal idóneo con vocación regulatoria.
Hay que tener en cuenta el peligro de llevar a cabo privatizaciones y/o concesiones precipitadas sin crear la necesaria infraestructura institucional, particularmente en lo referente a claras políticas regulatorias y cuerpos autónomos, capaces y fuertes orgánicamente para el control de las empresas privatizadas o concesionadas.
Es cierto que los estados se implican en demasiadas cosas. Esta dispersión puede limitar la eficiencia.
Pero creemos, por lo manifestado más arriba, que es necesario que el gobierno centre su actividad en las cuestiones fundamentales, vale decir: política económica, salud, educación en todos sus niveles, justicia, seguridad pública, medio ambiente, lo que no equivale a recetar un estado minimalista.
El Estado debe jugar un papel muy importante en la producción de regulaciones apropiadas y en la protección del bienestar social. No debemos preocuparnos por el mayor o menor tamaño del gobierno, sino que las actividades y los métodos sean los correctos.
La discusión no debería ser si el Estado debe implicarse, sino como debe implicarse.
Hay que tener en cuenta que los mercados pueden producir resultados que no siempre son eficientes y distribuciones socialmente inaceptables; son las llamadas “fallas de mercado”.
Este enfoque sobre las fallas del mercado se centra fundamentalmente en cuales actividades deberían corresponder al gobierno y cuales al sector privado.
Hoy se reconoce que el gobierno y el sector privado se encuentran íntimamente entrelazados. El gobierno tiene que servir para corregir las fallas de los mercados, emprendiendo acciones para que éstos funcionen mejor.
Por todo lo manifestado, se recomienda:
1º Es necesario implementar una rígida política de regulación y control sobre las empresas privatizadas o concesionadas para crear un ambiente de la mayor competencia posible.
2º Si falta competencia y consecuentemente creamos un monopolio que además no está suficientemente regulado y controlado, con seguridad se conseguirán precios más elevados de los productos y servicios que deberán soportar los consumidores.
3º En el marco regulatorio se debe prever un detallado plan de inversiones.
4º La confección del pliego de llamado a licitación y el contrato, serán los que completen de manera efectiva el marco regulatorio.
5º El grado de absoluta autonomía e independencia del poder político, de empresas interesadas en proveer materiales y servicios o ser concesionarias, es fundamental, para cumplir sin presiones con la finalidad para la cual fue creado el órgano regulador.
6º Es básico que los miembros integrantes sean profesionales de la mayor capacidad posible y de comprobable honestidad. De capacidad y conocimientos no menor a la de los funcionarios que integran el “staff” de la empresa privatizada o concesionada.
Ing. Luis Chernicoff
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